Reforma Laboral
Por Santiago Niño Becerra (La Carta de la Bolsa)
Empecemos con lo que dijimos ayer. Estaba charlando con un amigo cuando le entró un twit, este: “Un amigo en paro fue ayer a una entrevista para empresa de nueva creación. Le ofrecieron trabajo... sin remunerar hasta que haya beneficios”.
Cosas como estas no las va a revertir la Reforma Laboral porque no dependen de que la legislación sea una u otra. El modelo productivo español no puede absorber la población que va incorporándose al mercado de trabajo ni es capaz de ocupar a los desempleados que ya figuran en las listas del paro, porque, pura y simplemente no los necesita debido a que el español es un modelo intensivo en factor trabajo y ahora la actividad que necesitaría ese trabajo es muy escasa, y eso no lo cambia una legislación: ninguna legislación.
En España hay menos personas con edades comprendidas entre 16 y 65 años que manifiestan que desean trabajar de las que hay en otros países, si no la tasa de desempleo sería más elevada, pero distintos expertos apuntan a que esa cifra aún descenderá más debido al desánimo que supone no encontrar un empleo. Y también algún inmigrante regresará a sus países de origen. Y habrá nacionales e inmigrantes que pasen a la economía sumergida.
¿Por qué se exigen desde Europa reformas laborales?, pues porque así las empresas pueden reducir sus costes -laborales- y, en teoría, aumentar su capacidad de exportación y obtener unos beneficios que aquí no obtendrían con lo que la recaudación fiscal puede llegar no decaer tanto. Hay otro motivo: menoscabo de las garantías laborales fuerzan a aceptar condiciones más precarias: el desempleo puede no crecer tanto como en la situación previa a la reforma con lo que se obtiene un maquillaje estadístico. Y otro más: mayor facilidad y baratura en el despido.
Pero continuará existiendo una enorme carga de hipocresía. La reforma no hará que la demanda de trabajo aumente, pero con la reforma la tasa de desempleo puede que se reduzca: desplazando a trabajadores desempleados hacia la economía sumergida aunque, como tal, se mantenga la población activa. Perfectamente España puede llegar a los seis millones de desempleados, y superar esa cifra: a medida que las necesidades de factor trabajo vayan menguando como consecuencia de la progresiva caída de la actividad, pero parte de esa población desempleada no estará parada, sobre todo si ya ha agotado la percepción por desempleo: parte de esa población desempleada engrosará la economía sumergida: ahí radica la hipocresía.
El Estado, el Gobierno, las autoridades, no pueden oficialmente contemplar la economía sumergida porque supondría que están aceptando una ilegalidad, pero pueden verla con los ojos entornados. En todos los países, en todas las economías el paro va a aumentar, mucho, muchísimo, porque la forma de crecer que teníamos ha colapsado: la financiación a crédito del consumo-de-todo; porque cada vez se va a necesitar menos factor trabajo para hacer lo que sea necesario: aumento continuado de la productividad; porque las cosas a hacer van a ser menos: las necesarias.
El empleo reglado, el del contrato indefinido a razón de ocho horas diarias, veintidós días al mes y con treinta días de vacaciones es un modelo a extinguir porque ya no es necesario: de ahí va a salir el desempleo que va a ir nutriendo la población parada (los temporales ya están descontados). La alternativa a la inactividad total es lo que hasta ahora se ha denominado el subempleo en condiciones precarias y subremunerado, de momento en la economía sumergida, si.
Retorciendo la idea del exministro Valeriano Gómez: ¿es mejor un trabajador en negro que un trabajador desempleado?. La economía sumergida no se persigue hasta sus últimas consecuencias porque un trabajador sumergido es alguien que ingresa algo que puede complementar un subsidio a todas luces insuficiente, y, además, quien le contrata obtiene un diferencial de competitividad.
La reforma no va a aumentar las cifras de empleo porque las necesidades de factor trabajo son las que son y lo son en las condiciones que lo son. Y esas condiciones indican un camino del que en USA saben mucho desde la Era Reagan aunque ahora también allí esas condiciones estén empeorando: los working poor: personas con empleo y salario, con papeles y licencias, que son pobres porque sus remuneraciones son insuficientes para no serlo.
Suponiendo que la definición de ‘desempleado’ no sea modificada a fin de que el número de parados se reduzca, dando por supuesto que la población activa no va a crecer (cosa que debería hacer a fin de compensar en las familias a quienes se van quedando en paro), asumiendo que no va a haber una persecución de la economía sumergida a sangre y fuego porque ocupa gente, la reforma puede hacer que la tasa de desempleo se reduzca mirando ex-clu-si-va-men-te el porcentaje, lo que, evidentemente, será vendido como un logro político.
Alrededor coexistirá un conjunto de trabajadores ocupados en la economía negra, sin garantías contractuales, subremunerados, ocupados según necesidad de quienes les contrate, y con la precariedad como bandera. Nadie hablará de eso porque será tabú, pero todos sabrán de su inevitable existencia. La alternativa son siete millones, o más, de trabajadores en paro absoluto, algo que nadie quiere por lo que significa. Pero por favor, que nadie diga que la reforma va a crear empleo neto de calidad porque de entrada, para eso, España debe crecer al 2,0% y es una absoluta incógnita cuando podrá España volver a crecer a tal ritmo.
Mientras, lo que queda es el twit de mi amigo:
“Un amigo en paro fue ayer a una entrevista para empresa de nueva creación. Le ofrecieron trabajo… sin remunerar hasta que haya beneficios”.
Mmmmmmmmmm. Veamos
Causa objetiva de despido: caída en los ingresos durante nueve meses… ¿Se realizará una inspección fiscal a la empresa que aduzca esta norma?; ya saben: ‘Denme un balance y una cuenta de explotación y moveré el mundo’, aunque siguiendo en la línea ya apuntada…: ‘Mejor es una empresa que defrauda y despide si pervive y mantiene algo de empleo que otra empresa pura y casta que cierre’; ¿será así?
¿Lo del año de contrato de prueba (de momento en empresas de menos de 50 trabajadores, de momento)?, pues no sé. ¿No tienen ya las empresas a los ‘becarios’?, ¿qué pasará con ellos?; ¿no pasará a ser este contrato uno temporal de clase II?. ¿Y lo de utilizar desempleados para tareas comunitarias?, ¿no implica disminuir la oferta de puestos de trabajo remunerado?. Y, en fin, lo de reducir los salarios ‘por encima de lo indicado en convenio’ por razones de competitividad o por previsión de menores ingresos o de pérdidas, pues, ya saben, el ‘Yo, ¡por menos!’. (¿Llegarán a subastarse empleos como en las lonjas de pescado?: a la baja).
¿Mejorar la productividad?, ¡pero si la productividad ya está aumentando en España!: cuanto más crece el paro más crece la productividad. Para hacerlo de la forma sana, como las empresas no mejoren sus procesos organizativos y no inviertan a fin de generar procesos más eficientes… ¿Y, salvo cuatro, para qué lo van a hacer si la salvación de España está en el turismo de-la-calidad-que-sea y en una exportación incierta y limitada de bienes en su mayoría de reducido valor?
¿Negociación?, ¿afán de diálogo?, ¿posibilidad de modificación?. Un poco de sombra de ojos y trazas de rouge en los labios. Quienes contratan saben que la oferta de trabajo es mucho mayor que las necesidades de trabajo de las empresas, los sindicatos saben que la demanda de trabajo es mucho más reducida que la cantidad de trabajadores que ofertan su trabajo, y el Gobierno sabe el significado de lo que le dijeron hace un par de meses desde el piso 137 de la Torre Sears de Chicago y le confirmaron en el despacho 857 A3 del edificio HSBC del Canary Wharf.
Hay un excedente de factor trabajo, existen más trabajadores que puestos de trabajo, y el camino es ahorrar recursos, como el trabajo; a partir de aquí se pueden imaginar: habrán más reformas laborales o, si prefieren, la reforma laboral se intensificará. (El próximo paso: reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social; el siguiente: vincular un porcentaje del salario a los beneficios de la empresa; el de después: limitar y regular las convocatorias de huelga; ¿seguimos?
Lo leyeron aquí: el objetivo de esta-cosa-llamada-reforma-laboral que comenzó con el Ministro Celestino Corbacho, que continuó con el Ministro Valeriano Gómez y que sigue ahora con la Ministra Fátima Báñez, está orientado a reducir costes laborales, es decir, costes; para lo que tal reducción vaya a servir ya lo decidirá cada empresa. Vuelvo a usar el título del cineasta Manuel Gómez Pereira: ‘Por qué le llaman reforma laboral cuando…’. Cada vez se necesita menos factor trabajo por lo que el que se necesita se puede comprar a un precio menor y se le pueden aplicar peores condiciones.
¿Sorprendente?; no, que va. Recuerden lo que dijo M. Sarkozy en el 2007: justo al inicio de la precrisis: que es necesario un nuevo Contrato Social. Todo lo que se está ahora diciendo ya se dijo años atrás. Y recuerden lo que, antes incluso -marcando el camino- manifestó Warren Buffet en el 2004 comentando, irónicamente (pero las consecuencias ahí están) las rebajas fiscales de George Walker Bush “Si América está viviendo una guerra de clases, la mía está claramente ganando”.
¿Protestas? Se harán: hay que justificar cosas, pero con ellas sólo se obtendrá la sombra de ojos y el rouge ya mencionados, aunque se venderán como logros y necesarias renuncias en pos de la paz social. La Historia nos cuenta lo que sucedió en 1886, por ejemplo, pero hoy estas cosas no están de moda y ya se preocuparán quienes de esas cosas tienen que ocuparse de que los que podrían protestar siempre tengan algo que perder.
Mi sugerencia a sindicatos, trabajadores, y representantes de trabajadores: no pierdan ni un segundo, ni uno solo, protestando contra este reforma: no van a conseguir nada significativo: lo que se ha decidido viene de arriba; utilicen todas sus fuerzas en exigir la persecución del fraude fiscal a sangre y fuego -65 mM anuales, aprox.-, en exigir la búsqueda de los fondos negros fugados al exterior -80 mM , muy aprox.-, y en exigir al Gobierno que promueva en la Comisión Europea y en el G-20 la elaboración de una legislación fiscal internacional que persiga a muerte el fraude y el blanqueo. Empezando por lo primero, claro: está en casa.
